por Natalia Soledad Novas
El área de estudio, departamento de Rinconada, se inserta en una macroregión montañosa de la Cordillera de los Andes, caracterizada por una altiplanicie (de alrededor de 3000 msnm) rodeada de montañas que superan los 4000 msnm. Este sistema de gran superficie denominado "Puna", que abarca cuatro países (Argentina, Bolivia, Chile y Perú) posee un clima extremo tanto en cuanto a estacionalidad y escasez de lluvias como a condiciones térmicas (gran amplitud térmica diaria y prácticamente todo el año con riesgo de heladas).
La población de la región, en su mayoría indígena y perteneciente al pueblo kolla, practica una economía principalmente de subsistencia basada en actividades agrícolas y ganaderas, pero dadas las circunstancias climáticas de la región, la falta de agua y las características del suelo, -pedregosidad, erosión y drenaje- la resultante es la baja productividad. En menor escala también se dedican a las artesanías, especialmente el tejido.
En los últimos tiempos, dadas las ventajas comparativas, se han vuelto a instalar empresas mineras de capital extranjero.
Analizaremos el territorio en cuestión atendiendo, en primer lugar, la multidimensionalidad del desarrollo, uno de los principales postulados del enfoque del desarrollo endógeno; esta perspectiva en oposición al reduccionismo economicista no iguala la categoría de desarrollo al crecimiento económico, sino que supera esta definición atendiendo las diversas dimensiones que lo atraviesan, económica, político-institucional, socio-cultural y ambiental. Distintas corrientes dentro de la perspectiva del desarrollo endógeno pondrán el énfasis en uno u otro componente: Estado, mercado, sociedad civil y ambiente. Por lo tanto, como afirma Augusto de Franco, “…cuando se habla aquí de desarrollo se habla por tanto de mejorar la vida de las personas (desarrollo humano), de todas las personas (desarrollo social) tanto de las que están vivas como de las que vendrán mañana (desarrollo sostenible)”[1].
Una pequeña revisión histórica nos permitirá vislumbrar qué pasa en Rinconada respecto a los procesos de desarrollo.
Los pobladores originarios, que habitaron la región desde miles de años antes de la conquista, a partir de finales del siglo XIX ven modificada profundamente su forma de vida por la instauración de una estructura extremadamente asimétrica en la tenencia y propiedad de la tierra. Acostumbrados a trabajar y usar la tierra sin restricciones pero con intenso cuidado, la mayoría de la población se vio obligada a pagar arriendo a los “nuevos dueños”. A estas obligaciones fiscales se sumó la persistencia de prácticas como la "obligación de servicio personal" y la sujeción a la voluntad “del patrón”. La persistencia del latifundio y de los mecanismos de dominación social inherentes, posibilitaron que algunos propietarios y enganchadores de mano de obra aplicaran métodos coactivos para desplazar pobladores hacia los ingenios azucareros. Por otra parte, estas estructuras de la propiedad y tenencia de la tierra contribuyeron también a que los campesinos pobres tuvieran mayor necesidad de insertarse en los mercados de trabajo locales para complementar su economía, o bien emigrar, temporaria o permanentemente, en busca de empleo en otras zonas.
Si bien en la actualidad la situación de la tierra se está revirtiendo parcialmente, por un lado, porque desde mediados del siglo XX la mayoría de la tierra se ha vuelto a convertir en propiedad fiscal y por otro, porque se está llevando adelante un programa de regularización de tierras a favor de los pueblos indígenas, no se ha mejorado la calidad de vida de la población; si atendemos los datos estadísticos arriba presentados vemos la precariedad de las condiciones de vida de los pobladores.
Rinconada ostenta ser uno de los departamentos más pobres de la provincia de Jujuy con un índice de NBI que supera el 45%; respecto a la educación, los jóvenes del departamento son los que se encuentran en condiciones más desfavorables respecto del acceso y permanencia en las instituciones educativas; la tasa de mortalidad infantil muestra una situación realmente grave ya que se trata del 4.6 % de la población y las condiciones deficitarias de las viviendas afectan al 95% la población junto a la falta casi absoluta de servicios básicos, cloaca, agua por red y retrete.
Las actividades económicas principales no son suficientes para revertir estos indicadores. Los principales usos del suelo son para la actividad ganadera (mayoritariamente ganado ovino y camélido) y minera. La agricultura se realiza sólo en zonas muy restringidas donde se practica, mayoritariamente, el cultivo de alfalfa (agricultura de subsistencia).
Las actividades pecuarias se llevan adelante con grandes falencias, falta de control sanitario, campos de pastoreo sobreexplotados, lo cual incide en la baja productividad y consecuentemente un mal precio a la hora de vender la producción en los mercados zonales.
En cuanto a la minería, el centro más importante del departamento de Rinconada operó en Pirquitas entre 1936 y 1989. Después de 20 años la mina está reanudando sus actividades con una inversión millonaria de la canadiense Sunshine Argentina; prevén la explotación integral a cielo abierto de minerales polimetálicos entre ellos plata, estaño y mineral aurífero. Estos mega-emprendimientos se exhiben, desde la óptica del pensamiento único, como impulso al crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo generan un impacto negativo en el medio ambiente. Algunos señalamientos que se le hacen son: alteran el estilo de vida de la comunidad, perturbada por el cambio en el entorno; apropiación de recursos naturales como por ejemplo el agua, reduciendo su disponibilidad a la población y provocando la baja de la productividad de las actividades agroganaderas; además devuelven el recurso contaminado y la unidad comunitaria se ve amenazada por estrategias de los empresarios, al tratar de dividir la comunidad, haciendo ostentosas ofertas a los miembros individualmente, a fin de conseguir su consentimiento.
Si bien desde los gobiernos nacional y provincial, auspiciantes de estas inversiones, aseguran que "las comunidades aborígenes apoyan el proyecto porque saben que detrás de ello muchos de sus integrantes podrán acceder a la enseñanza escolar, porque otro proyecto es reflotar la vieja escuelita de Pirquitas", hubo varias manifestaciones de comunidades aborígenes de la región que se oponen a estos emprendimientos por la contaminación que generan. Además denunciaron que no fueron consultados previamente, tal como regula para estos casos el Convenio 169 de la OIT en su artículo 7º inciso 1: Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Y el Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional cuando dice: “…Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten …”.
Es posible aumentar la repercusión de estos reclamos gracias al proceso de globalización actual, que permite formalizar reclamos comunes a los pueblos indígenas mas allá de las fronteras del Estado-Nación y tejer alianzas con movimientos ecologistas o bien alguna de las tantas ONGs comprometidas con la defensa de sus derechos; la globalización, es justamente un elemento central en la construcción de esa identidad común de carácter transnacional que bajo el nombre de “Cuarto Mundo” intenta expresar no sólo la justa demanda de los pueblos indígenas, también su creciente incorporación como un nuevo actor social y político dentro del sistema jurídico internacional a lo largo de los últimos veinte años.
Será posible revertir esta situación, si los inversionistas extranjeros y los gobiernos provincial y nacional, comienzan a establecer canales de diálogo respecto de los temas vinculados al desarrollo y la explotación de los recursos naturales que involucran a los pueblos indígenas. La promoción de procesos más democráticos son la base del éxito de los proyectos de desarrollo local y la legislación nacional e internacional obliga a la consulta con los pueblos indígenas en estas cuestiones. Por ello, “el Estado deberá desempeñar un papel fundamental abriendo espacios de participación a distintos actores sociales, a fin de evitar que, a través de la reproducción de mecanismos de explotación y de coerción, se consoliden proyectos autónomos perversos que atenten contra la multiplicidad y diversidad que se pretende reforzar”[2].
Bajo estas condiciones de dependencia es claro que la región está subordinada a las decisiones de los gobiernos centrales y de quienes concentran el poder económico y son estas dependencias las que inhiben un proceso de desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas. En términos de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, es preciso reorientar este modelo y apuntar a generar autodependencia como eje de un modelo de desarrollo cuyos objetivos son crecimiento económico, justicia social, libertad y desarrollo personal.
Estos autores entienden la autodependencia no como aislamiento sino como interdependencia horizontal, sin relaciones autoritarias, ni condicionamientos unidireccionales es decir un proceso de relaciones entre pares a fin de que formas de solidaridad prevalezcan por la encima de la competencia ciega.
Esta idea coincide con el tipo de organización social que se da entre los pueblos originarios. Conforman comunidades basadas en relaciones horizontales orientadas por la solidaridad, cooperación, igualdad y respeto de sus miembros. En la promoción de un modelo de desarrollo endógeno, el Estado debería fomentar programas de apoyo y fortalecimiento comunitario para las comunidades indígenas, en tanto formas diferenciadas de organización social de la producción y del trabajo.
En los últimos años se ha dado, lo que los antropólogos denominan un proceso de emergencia étnica, o sea, la revalorización de la identidad cultural, no sólo a nivel local sino global. Esto ha provocado la organización de los pueblos indígenas. Este proceso de construcción de identidad/comunidad, fuertemente vinculada con el territorio, es muy importante para sentar las bases de un proceso de desarrollo endógeno, en términos de José Arocena: “No es posible la existencia de procesos exitosos de desarrollo local sin un componente identitario fuerte que estimule y vertebre el potencial de iniciativas de un grupo humano”[3].
En el territorio de Rinconada, en la última década, se han conformado diez comunidades indígenas: de Santo Domingo, de Pan de Azúcar, de Ciénega Grande, de Casa Colorada, de Coyahuaima, de Pirquitas, de Loma Blanca, de Orosmayo, de Rinconada, de Liviara, de Lagunillas de Pozuelos, Laguna Larga y de Pozuelos; estas comunidades se han convertido en los actores representativos de la sociedad civil, trabajan mancomunadamente y a nivel nacional e internacional, se articulan con otras comunidades con el afán de apoyar y coordinar un trabajo colectivo. Esta estrategia de generación de lazos de cooperación e intercambio entre las comunidades indígenas las convierte en un actor con mayor capacidad de disputar relaciones de poder.
Las comunidades indígenas mantienen iniciativas propias que no se corresponden necesariamente, con procesos de desarrollo orientados por la lógica de acumulación capitalista. Coinciden con la mayoría de las visiones dentro del enfoque del desarrollo endógeno que no aspiran a un desarrollo desde el punto de vista económico, sino que buscan fomentar relaciones cooperativas, uso de tecnología apropiada, agricultura orgánica, cuidado ambiental y formas de gestión y control más participativas. Si bien sostienen la necesidad de crecimiento económico para sentar las bases de cualquier modelo de desarrollo, proponen una racionalidad distintiva de la racionalidad económica, en términos de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn: “Esta otra racionalidad se orienta al mejoramiento de la calidad de vida de la población, y se sustenta en el respeto a la diversidad y en la renuncia a convertir a las personas en instrumentos de otras personas y a los países en instrumentos de otros países”[4].
En el departamento de Rinconada funcionan dos Comisiones Municipales, la de Pirquitas y la de Rinconada que no llegan a constituirse como municipios dada la baja densidad poblacional. Son los miembros de las comunidades indígenas los que ocupan los espacios de poder en los gobiernos locales; esto les proporciona la posibilidad de convertir sus iniciativas en un Proyecto Político Local[5].
A partir de 2001, estas Comisiones Municipales forman parte de una red de cooperación intermunicipal entre los municipios de la Puna Jujeña, que se proponen desarrollar acciones conjuntas sobre temas de salud, educación, políticas sociales, producción y turismo. Uno de los principales motivos que los impulsó a conformar esta cooperación fue la necesidad de negociar frente a otros, fortaleciéndose como actores regionales.
Si bien está claro que no se trata de “agencias de desarrollo” que piensan en el largo plazo y que el desarrollo no puede interpretarse como la yuxtaposición de acciones en distintas áreas temáticas, es un avance significativo en términos de revertir la débil capacidad legal-institucional que tienen los municipios para convertirse en verdaderos actores de su propio desarrollo, producto de los cambios estructurales que se han dado en los últimos años que derivaron en una gran brecha entre las competencias que se le asignan y las posibilidades reales con que cuentan para llevarlas a la práctica; por ejemplo en Rinconada es evidente la falta de recursos humanos capacitados, infraestructura y logística, acceso a la información, etc. No obstante, los municipios presentan como fortaleza una fluida relación con la sociedad local.
Desde el enfoque del desarrollo endógeno se propugna la consolidación de ámbitos de interacción y espacios políticos originales, es decir redefinir el rol que juegan los gobiernos locales; de ningún modo se busca el fin del Estado-Nación. En términos de Madoery, “La reconstrucción del Estado requiere de la reasignación de roles entre los diferentes niveles de gobierno. Se comienza a configurar también una nueva geografía de responsabilidades públicas para el desarrollo”[6].
El Estado deberá seguir desempeñándose como “corrector” de las desigualdades y asimetrías generadas por el modelo de acumulación capitalista pero también deberá ejercer un papel fundamental como promotor y creador de nuevos canales de participación que contemplen a todos los actores, asegurando una democracia participativa de modo de aumentar la cohesión social. Asimismo hay que tener en cuanta como afirma Boisier, que “La articulación del Estado–Región es la clave del desarrollo regional: no hay desarrollo sostenido para una región, si no es en el marco de una política nacional de desarrollo regional. Por su parte, esta carece de toda viabilidad, si no se apoya en las capacidades endógenas de las regiones y si no muestra congruencia con la política económica general”[7]. Se pasa de una planificación del desarrollo regida por la lógica arriba-abajo que entiende el desarrollo como producto de impulsos exógenos (desarrollo adquirido), a una planificación participativa que da mayor autonomía a los gobiernos locales para generar las capacidades necesarias para gestionar su propio desarrollo (desarrollo generado).
Esta nueva noción de desarrollo generado pone en el centro de la escena a los actores locales como agentes generadores de desarrollo, entendiendo por actor local a “todos aquellos agentes que en el campo político, económico, social y cultural son portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades locales”[8]. Por lo que se logra ir un poco más allá del concepto tradicional de actor, que lo define a partir del cumplimiento de un rol pre-establecido en el escenario social, ahora los actores locales se definen a partir del sentido y objetivos que guían sus acciones.
Los actores relevantes de Rinconada son, las empresas mineras de capital extranjero, el gobierno local y en el plano de la sociedad civil, las comunidades indígenas. Es claro que hay una relación asimétrica entre estos actores, por lo que será fundamental asegurar la participación de la sociedad local en el proceso de desarrollo, involucrando a los grupos locales, en este caso las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones. Esto no será nada fácil porque, por un lado, las empresas extranjeras con la venia del Estado-Nación operan con total arbitrariedad y por otro lado, al interior de las comunidades, se dan conflictos de intereses particularmente en relación a la instalación de la minera, las manifestaciones contrarias conviven con expresiones favorables pues la visualizan como fuente de trabajo, por ello habrá que trabajar en buscar adecuar el interés de los actores individuales al interés colectivo del territorio. Y se deberán diseñar políticas de modo que las administraciones locales intervengan también como actores decisivos en un ejercicio de concertación público-privada para hacer frente a las diferentes situaciones[9].
Las acciones que despliegan los actores locales se dan en el marco de un territorio que no se define apriorísticamente sino que es una construcción histórica, cultural, política y social que los propios actores han forjado; por ello decimos que lo local es el punto de encuentro entre territorio y desarrollo, el ámbito dónde los actores (en tanto espectadores) se convierten en agentes (en tanto protagonistas de su propio destino).
Pero en tanto producto social, el territorio es algo inacabado, una realidad en permanente movimiento. Esta definición nos ofrece una estructura flexible, sin límites jurisdiccionales predefinidos, propone una configuración del territorio dinámica y cambiante. En este sentido, los actores relevantes de Rinconada podrán cooperar con otros agentes de desarrollo de otros departamentos para tratar temas comunes a la región (puna jujeña) lo que provocaría una ampliación del territorio en cuestión.
Consecuentemente, el territorio es mucho más que un espacio geográfico es el lugar de expresión de intereses diversos, de conflicto y de poder compartido y también es fuente o manifestación de la identidad espiritual y cultural de un pueblo. Para los pueblos indígenas la construcción de la significación del territorio se construye a partir de la estrecha relación ser humano-naturaleza, considerando al ser humano parte inseparable del territorio, esta cosmovisión crea una manera particular de organización, tenencia, uso y aprovechamiento del territorio.
Lo que sigue es preguntarse cómo un territorio puede mejorar las condiciones de vida de su población, es decir “desarrollarse”; el enfoque del desarrollo local reconoce que el desarrollo se basa en capacidades más que en dotación de factores y señala que el desarrollo se logra a partir de los recursos y fortalezas de cada territorio. En este sentido sostiene que es fundamental aprovechar el potencial endógeno de cada territorio pero al mismo tiempo, en ocasiones, será preciso, en términos de Augusto de Franco, invertir en “capitales intangibles como capital humano, capital social y capital natural”[10].
Siguiendo la propuesta de Oscar Madoery, las capacidades esenciales de un territorio pueden clasificarse en: capacidad de articulación, tanto con el entorno espacial (capacidad de adaptación frente a los cambios) como con su historia (indica que los procesos de desarrollo se construyen a partir de una identidad); capacidad institucional, que da cuenta de los cambios que se producen dentro del territorio por el peso que tienen las organizaciones; y la capacidad decisional, que muestra la influencia que ejercen los distintos actores sobre el proceso de toma de decisiones.
Para el caso que nos ocupa podemos afirmar que es necesario aumentar la capacidad de articulación de Rinconada, a partir de generar mayores relaciones de tipo horizontales con otros niveles de la administración pública, y seguir fomentando el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil a partir del reconocimiento de su historia, cultura, tradiciones y valores, pero para ello será imprescindible actuar bajo los lineamientos de la interculturalidad; concepto que nos remite a la idea de diversidad cultural, al reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas. La interculturalidad será una variable fundamental a la hora de analizar cómo se producen las relaciones entre los distintos grupos sociales y culturales y cómo las estructuras políticas y económicas condicionan esas relaciones. La interculturalidad requiere de análisis rigurosos que favorezcan la compresión de los conflictos que necesariamente surgen en este contexto (riesgo de asimilación, de pérdida de identidad cultural, de marginación social) y que aporten elementos para definir políticas críticas capaces de enfrentar lo que constituyen los auténticos obstáculos en este camino: la injusticia y la desigualdad.
Respecto de la capacidad institucional será menester que los gobiernos locales continúen comprometidos fuertemente con el desarrollo de la región y reafirmen la legitimidad social de modo de aumentar su poder sobre el mercado; en este camino será preciso que sigan tejiendo alianzas políticas a través de la conformación de redes intermunicipales con el objetivo de mejorar su posicionamiento en los procesos de negociación; negociación inevitable si se busca llevar adelante cualquier tipo de Proyecto Político Local. Y por último será necesario que la sociedad civil organizada logre mayor influencia en los procesos de toma de decisiones, de manera de generar mecanismos de participación ciudadana que transformen la democracia en un sistema más participativo, más equitativo y más igualitario.
En términos generales Rinconada goza de las ventajas propias de las localidades medias y pequeñas, mayor flexibilidad, cooperación, solidaridad social e incipientes procesos participativos en la toma de decisiones. Pero presenta falencias en lo referido a infraestructura, equipamiento, accesibilidad, servicios y funciones cualificadas, investigación y desarrollo[11]. Por ello los actores locales junto con el Estado-Nación deben trabajar juntos en pos de superar estas falencias, los primeros comprometiéndose a esforzarse por transitar su propio sendero del desarrollo y el segundo asumiendo un nuevo rol en tanto condicionante e impulsor del desarrollo local.
En el marco de este compromiso, de Franco plantea la necesidad de trabajar en torno a las siguientes acciones: capacitación para la gestión local, generación de una nueva institucionalidad participativa, un diagnóstico y una planificación participativas; conformación participativa de una agenda local de prioridades de desarrollo; celebración de un pacto de desarrollo en la localidad comprometiendo a cada uno de los actores relevantes; fortalecimiento de la sociedad civil; fomentación de las capacidades emprendedoras de los actores e instalación de sistemas de monitoreo y evaluación.Entonces, como se mencionara precedentemente, la viabilidad de un proceso de desarrollo endógeno exige, por sobre todas las cosas, voluntad política y participación de las organizaciones e instituciones representativas de los territorios porque todo Proyecto Político Local se fundamenta en la construcción de poder local. Y poder significa, cuanto menos, combinar liderazgo decisional por parte de los agentes territoriales más relevantes, consenso organizativo y voluntad de cooperación entre gobierno local, mercado local y sociedad civil local[12].
La población de la región, en su mayoría indígena y perteneciente al pueblo kolla, practica una economía principalmente de subsistencia basada en actividades agrícolas y ganaderas, pero dadas las circunstancias climáticas de la región, la falta de agua y las características del suelo, -pedregosidad, erosión y drenaje- la resultante es la baja productividad. En menor escala también se dedican a las artesanías, especialmente el tejido.
En los últimos tiempos, dadas las ventajas comparativas, se han vuelto a instalar empresas mineras de capital extranjero.
Analizaremos el territorio en cuestión atendiendo, en primer lugar, la multidimensionalidad del desarrollo, uno de los principales postulados del enfoque del desarrollo endógeno; esta perspectiva en oposición al reduccionismo economicista no iguala la categoría de desarrollo al crecimiento económico, sino que supera esta definición atendiendo las diversas dimensiones que lo atraviesan, económica, político-institucional, socio-cultural y ambiental. Distintas corrientes dentro de la perspectiva del desarrollo endógeno pondrán el énfasis en uno u otro componente: Estado, mercado, sociedad civil y ambiente. Por lo tanto, como afirma Augusto de Franco, “…cuando se habla aquí de desarrollo se habla por tanto de mejorar la vida de las personas (desarrollo humano), de todas las personas (desarrollo social) tanto de las que están vivas como de las que vendrán mañana (desarrollo sostenible)”[1].
Una pequeña revisión histórica nos permitirá vislumbrar qué pasa en Rinconada respecto a los procesos de desarrollo.
Los pobladores originarios, que habitaron la región desde miles de años antes de la conquista, a partir de finales del siglo XIX ven modificada profundamente su forma de vida por la instauración de una estructura extremadamente asimétrica en la tenencia y propiedad de la tierra. Acostumbrados a trabajar y usar la tierra sin restricciones pero con intenso cuidado, la mayoría de la población se vio obligada a pagar arriendo a los “nuevos dueños”. A estas obligaciones fiscales se sumó la persistencia de prácticas como la "obligación de servicio personal" y la sujeción a la voluntad “del patrón”. La persistencia del latifundio y de los mecanismos de dominación social inherentes, posibilitaron que algunos propietarios y enganchadores de mano de obra aplicaran métodos coactivos para desplazar pobladores hacia los ingenios azucareros. Por otra parte, estas estructuras de la propiedad y tenencia de la tierra contribuyeron también a que los campesinos pobres tuvieran mayor necesidad de insertarse en los mercados de trabajo locales para complementar su economía, o bien emigrar, temporaria o permanentemente, en busca de empleo en otras zonas.
Si bien en la actualidad la situación de la tierra se está revirtiendo parcialmente, por un lado, porque desde mediados del siglo XX la mayoría de la tierra se ha vuelto a convertir en propiedad fiscal y por otro, porque se está llevando adelante un programa de regularización de tierras a favor de los pueblos indígenas, no se ha mejorado la calidad de vida de la población; si atendemos los datos estadísticos arriba presentados vemos la precariedad de las condiciones de vida de los pobladores.
Rinconada ostenta ser uno de los departamentos más pobres de la provincia de Jujuy con un índice de NBI que supera el 45%; respecto a la educación, los jóvenes del departamento son los que se encuentran en condiciones más desfavorables respecto del acceso y permanencia en las instituciones educativas; la tasa de mortalidad infantil muestra una situación realmente grave ya que se trata del 4.6 % de la población y las condiciones deficitarias de las viviendas afectan al 95% la población junto a la falta casi absoluta de servicios básicos, cloaca, agua por red y retrete.
Las actividades económicas principales no son suficientes para revertir estos indicadores. Los principales usos del suelo son para la actividad ganadera (mayoritariamente ganado ovino y camélido) y minera. La agricultura se realiza sólo en zonas muy restringidas donde se practica, mayoritariamente, el cultivo de alfalfa (agricultura de subsistencia).
Las actividades pecuarias se llevan adelante con grandes falencias, falta de control sanitario, campos de pastoreo sobreexplotados, lo cual incide en la baja productividad y consecuentemente un mal precio a la hora de vender la producción en los mercados zonales.
En cuanto a la minería, el centro más importante del departamento de Rinconada operó en Pirquitas entre 1936 y 1989. Después de 20 años la mina está reanudando sus actividades con una inversión millonaria de la canadiense Sunshine Argentina; prevén la explotación integral a cielo abierto de minerales polimetálicos entre ellos plata, estaño y mineral aurífero. Estos mega-emprendimientos se exhiben, desde la óptica del pensamiento único, como impulso al crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo generan un impacto negativo en el medio ambiente. Algunos señalamientos que se le hacen son: alteran el estilo de vida de la comunidad, perturbada por el cambio en el entorno; apropiación de recursos naturales como por ejemplo el agua, reduciendo su disponibilidad a la población y provocando la baja de la productividad de las actividades agroganaderas; además devuelven el recurso contaminado y la unidad comunitaria se ve amenazada por estrategias de los empresarios, al tratar de dividir la comunidad, haciendo ostentosas ofertas a los miembros individualmente, a fin de conseguir su consentimiento.
Si bien desde los gobiernos nacional y provincial, auspiciantes de estas inversiones, aseguran que "las comunidades aborígenes apoyan el proyecto porque saben que detrás de ello muchos de sus integrantes podrán acceder a la enseñanza escolar, porque otro proyecto es reflotar la vieja escuelita de Pirquitas", hubo varias manifestaciones de comunidades aborígenes de la región que se oponen a estos emprendimientos por la contaminación que generan. Además denunciaron que no fueron consultados previamente, tal como regula para estos casos el Convenio 169 de la OIT en su artículo 7º inciso 1: Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Y el Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional cuando dice: “…Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten …”.
Es posible aumentar la repercusión de estos reclamos gracias al proceso de globalización actual, que permite formalizar reclamos comunes a los pueblos indígenas mas allá de las fronteras del Estado-Nación y tejer alianzas con movimientos ecologistas o bien alguna de las tantas ONGs comprometidas con la defensa de sus derechos; la globalización, es justamente un elemento central en la construcción de esa identidad común de carácter transnacional que bajo el nombre de “Cuarto Mundo” intenta expresar no sólo la justa demanda de los pueblos indígenas, también su creciente incorporación como un nuevo actor social y político dentro del sistema jurídico internacional a lo largo de los últimos veinte años.
Será posible revertir esta situación, si los inversionistas extranjeros y los gobiernos provincial y nacional, comienzan a establecer canales de diálogo respecto de los temas vinculados al desarrollo y la explotación de los recursos naturales que involucran a los pueblos indígenas. La promoción de procesos más democráticos son la base del éxito de los proyectos de desarrollo local y la legislación nacional e internacional obliga a la consulta con los pueblos indígenas en estas cuestiones. Por ello, “el Estado deberá desempeñar un papel fundamental abriendo espacios de participación a distintos actores sociales, a fin de evitar que, a través de la reproducción de mecanismos de explotación y de coerción, se consoliden proyectos autónomos perversos que atenten contra la multiplicidad y diversidad que se pretende reforzar”[2].
Bajo estas condiciones de dependencia es claro que la región está subordinada a las decisiones de los gobiernos centrales y de quienes concentran el poder económico y son estas dependencias las que inhiben un proceso de desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas. En términos de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, es preciso reorientar este modelo y apuntar a generar autodependencia como eje de un modelo de desarrollo cuyos objetivos son crecimiento económico, justicia social, libertad y desarrollo personal.
Estos autores entienden la autodependencia no como aislamiento sino como interdependencia horizontal, sin relaciones autoritarias, ni condicionamientos unidireccionales es decir un proceso de relaciones entre pares a fin de que formas de solidaridad prevalezcan por la encima de la competencia ciega.
Esta idea coincide con el tipo de organización social que se da entre los pueblos originarios. Conforman comunidades basadas en relaciones horizontales orientadas por la solidaridad, cooperación, igualdad y respeto de sus miembros. En la promoción de un modelo de desarrollo endógeno, el Estado debería fomentar programas de apoyo y fortalecimiento comunitario para las comunidades indígenas, en tanto formas diferenciadas de organización social de la producción y del trabajo.
En los últimos años se ha dado, lo que los antropólogos denominan un proceso de emergencia étnica, o sea, la revalorización de la identidad cultural, no sólo a nivel local sino global. Esto ha provocado la organización de los pueblos indígenas. Este proceso de construcción de identidad/comunidad, fuertemente vinculada con el territorio, es muy importante para sentar las bases de un proceso de desarrollo endógeno, en términos de José Arocena: “No es posible la existencia de procesos exitosos de desarrollo local sin un componente identitario fuerte que estimule y vertebre el potencial de iniciativas de un grupo humano”[3].
En el territorio de Rinconada, en la última década, se han conformado diez comunidades indígenas: de Santo Domingo, de Pan de Azúcar, de Ciénega Grande, de Casa Colorada, de Coyahuaima, de Pirquitas, de Loma Blanca, de Orosmayo, de Rinconada, de Liviara, de Lagunillas de Pozuelos, Laguna Larga y de Pozuelos; estas comunidades se han convertido en los actores representativos de la sociedad civil, trabajan mancomunadamente y a nivel nacional e internacional, se articulan con otras comunidades con el afán de apoyar y coordinar un trabajo colectivo. Esta estrategia de generación de lazos de cooperación e intercambio entre las comunidades indígenas las convierte en un actor con mayor capacidad de disputar relaciones de poder.
Las comunidades indígenas mantienen iniciativas propias que no se corresponden necesariamente, con procesos de desarrollo orientados por la lógica de acumulación capitalista. Coinciden con la mayoría de las visiones dentro del enfoque del desarrollo endógeno que no aspiran a un desarrollo desde el punto de vista económico, sino que buscan fomentar relaciones cooperativas, uso de tecnología apropiada, agricultura orgánica, cuidado ambiental y formas de gestión y control más participativas. Si bien sostienen la necesidad de crecimiento económico para sentar las bases de cualquier modelo de desarrollo, proponen una racionalidad distintiva de la racionalidad económica, en términos de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn: “Esta otra racionalidad se orienta al mejoramiento de la calidad de vida de la población, y se sustenta en el respeto a la diversidad y en la renuncia a convertir a las personas en instrumentos de otras personas y a los países en instrumentos de otros países”[4].
En el departamento de Rinconada funcionan dos Comisiones Municipales, la de Pirquitas y la de Rinconada que no llegan a constituirse como municipios dada la baja densidad poblacional. Son los miembros de las comunidades indígenas los que ocupan los espacios de poder en los gobiernos locales; esto les proporciona la posibilidad de convertir sus iniciativas en un Proyecto Político Local[5].
A partir de 2001, estas Comisiones Municipales forman parte de una red de cooperación intermunicipal entre los municipios de la Puna Jujeña, que se proponen desarrollar acciones conjuntas sobre temas de salud, educación, políticas sociales, producción y turismo. Uno de los principales motivos que los impulsó a conformar esta cooperación fue la necesidad de negociar frente a otros, fortaleciéndose como actores regionales.
Si bien está claro que no se trata de “agencias de desarrollo” que piensan en el largo plazo y que el desarrollo no puede interpretarse como la yuxtaposición de acciones en distintas áreas temáticas, es un avance significativo en términos de revertir la débil capacidad legal-institucional que tienen los municipios para convertirse en verdaderos actores de su propio desarrollo, producto de los cambios estructurales que se han dado en los últimos años que derivaron en una gran brecha entre las competencias que se le asignan y las posibilidades reales con que cuentan para llevarlas a la práctica; por ejemplo en Rinconada es evidente la falta de recursos humanos capacitados, infraestructura y logística, acceso a la información, etc. No obstante, los municipios presentan como fortaleza una fluida relación con la sociedad local.
Desde el enfoque del desarrollo endógeno se propugna la consolidación de ámbitos de interacción y espacios políticos originales, es decir redefinir el rol que juegan los gobiernos locales; de ningún modo se busca el fin del Estado-Nación. En términos de Madoery, “La reconstrucción del Estado requiere de la reasignación de roles entre los diferentes niveles de gobierno. Se comienza a configurar también una nueva geografía de responsabilidades públicas para el desarrollo”[6].
El Estado deberá seguir desempeñándose como “corrector” de las desigualdades y asimetrías generadas por el modelo de acumulación capitalista pero también deberá ejercer un papel fundamental como promotor y creador de nuevos canales de participación que contemplen a todos los actores, asegurando una democracia participativa de modo de aumentar la cohesión social. Asimismo hay que tener en cuanta como afirma Boisier, que “La articulación del Estado–Región es la clave del desarrollo regional: no hay desarrollo sostenido para una región, si no es en el marco de una política nacional de desarrollo regional. Por su parte, esta carece de toda viabilidad, si no se apoya en las capacidades endógenas de las regiones y si no muestra congruencia con la política económica general”[7]. Se pasa de una planificación del desarrollo regida por la lógica arriba-abajo que entiende el desarrollo como producto de impulsos exógenos (desarrollo adquirido), a una planificación participativa que da mayor autonomía a los gobiernos locales para generar las capacidades necesarias para gestionar su propio desarrollo (desarrollo generado).
Esta nueva noción de desarrollo generado pone en el centro de la escena a los actores locales como agentes generadores de desarrollo, entendiendo por actor local a “todos aquellos agentes que en el campo político, económico, social y cultural son portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades locales”[8]. Por lo que se logra ir un poco más allá del concepto tradicional de actor, que lo define a partir del cumplimiento de un rol pre-establecido en el escenario social, ahora los actores locales se definen a partir del sentido y objetivos que guían sus acciones.
Los actores relevantes de Rinconada son, las empresas mineras de capital extranjero, el gobierno local y en el plano de la sociedad civil, las comunidades indígenas. Es claro que hay una relación asimétrica entre estos actores, por lo que será fundamental asegurar la participación de la sociedad local en el proceso de desarrollo, involucrando a los grupos locales, en este caso las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones. Esto no será nada fácil porque, por un lado, las empresas extranjeras con la venia del Estado-Nación operan con total arbitrariedad y por otro lado, al interior de las comunidades, se dan conflictos de intereses particularmente en relación a la instalación de la minera, las manifestaciones contrarias conviven con expresiones favorables pues la visualizan como fuente de trabajo, por ello habrá que trabajar en buscar adecuar el interés de los actores individuales al interés colectivo del territorio. Y se deberán diseñar políticas de modo que las administraciones locales intervengan también como actores decisivos en un ejercicio de concertación público-privada para hacer frente a las diferentes situaciones[9].
Las acciones que despliegan los actores locales se dan en el marco de un territorio que no se define apriorísticamente sino que es una construcción histórica, cultural, política y social que los propios actores han forjado; por ello decimos que lo local es el punto de encuentro entre territorio y desarrollo, el ámbito dónde los actores (en tanto espectadores) se convierten en agentes (en tanto protagonistas de su propio destino).
Pero en tanto producto social, el territorio es algo inacabado, una realidad en permanente movimiento. Esta definición nos ofrece una estructura flexible, sin límites jurisdiccionales predefinidos, propone una configuración del territorio dinámica y cambiante. En este sentido, los actores relevantes de Rinconada podrán cooperar con otros agentes de desarrollo de otros departamentos para tratar temas comunes a la región (puna jujeña) lo que provocaría una ampliación del territorio en cuestión.
Consecuentemente, el territorio es mucho más que un espacio geográfico es el lugar de expresión de intereses diversos, de conflicto y de poder compartido y también es fuente o manifestación de la identidad espiritual y cultural de un pueblo. Para los pueblos indígenas la construcción de la significación del territorio se construye a partir de la estrecha relación ser humano-naturaleza, considerando al ser humano parte inseparable del territorio, esta cosmovisión crea una manera particular de organización, tenencia, uso y aprovechamiento del territorio.
Lo que sigue es preguntarse cómo un territorio puede mejorar las condiciones de vida de su población, es decir “desarrollarse”; el enfoque del desarrollo local reconoce que el desarrollo se basa en capacidades más que en dotación de factores y señala que el desarrollo se logra a partir de los recursos y fortalezas de cada territorio. En este sentido sostiene que es fundamental aprovechar el potencial endógeno de cada territorio pero al mismo tiempo, en ocasiones, será preciso, en términos de Augusto de Franco, invertir en “capitales intangibles como capital humano, capital social y capital natural”[10].
Siguiendo la propuesta de Oscar Madoery, las capacidades esenciales de un territorio pueden clasificarse en: capacidad de articulación, tanto con el entorno espacial (capacidad de adaptación frente a los cambios) como con su historia (indica que los procesos de desarrollo se construyen a partir de una identidad); capacidad institucional, que da cuenta de los cambios que se producen dentro del territorio por el peso que tienen las organizaciones; y la capacidad decisional, que muestra la influencia que ejercen los distintos actores sobre el proceso de toma de decisiones.
Para el caso que nos ocupa podemos afirmar que es necesario aumentar la capacidad de articulación de Rinconada, a partir de generar mayores relaciones de tipo horizontales con otros niveles de la administración pública, y seguir fomentando el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil a partir del reconocimiento de su historia, cultura, tradiciones y valores, pero para ello será imprescindible actuar bajo los lineamientos de la interculturalidad; concepto que nos remite a la idea de diversidad cultural, al reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas. La interculturalidad será una variable fundamental a la hora de analizar cómo se producen las relaciones entre los distintos grupos sociales y culturales y cómo las estructuras políticas y económicas condicionan esas relaciones. La interculturalidad requiere de análisis rigurosos que favorezcan la compresión de los conflictos que necesariamente surgen en este contexto (riesgo de asimilación, de pérdida de identidad cultural, de marginación social) y que aporten elementos para definir políticas críticas capaces de enfrentar lo que constituyen los auténticos obstáculos en este camino: la injusticia y la desigualdad.
Respecto de la capacidad institucional será menester que los gobiernos locales continúen comprometidos fuertemente con el desarrollo de la región y reafirmen la legitimidad social de modo de aumentar su poder sobre el mercado; en este camino será preciso que sigan tejiendo alianzas políticas a través de la conformación de redes intermunicipales con el objetivo de mejorar su posicionamiento en los procesos de negociación; negociación inevitable si se busca llevar adelante cualquier tipo de Proyecto Político Local. Y por último será necesario que la sociedad civil organizada logre mayor influencia en los procesos de toma de decisiones, de manera de generar mecanismos de participación ciudadana que transformen la democracia en un sistema más participativo, más equitativo y más igualitario.
En términos generales Rinconada goza de las ventajas propias de las localidades medias y pequeñas, mayor flexibilidad, cooperación, solidaridad social e incipientes procesos participativos en la toma de decisiones. Pero presenta falencias en lo referido a infraestructura, equipamiento, accesibilidad, servicios y funciones cualificadas, investigación y desarrollo[11]. Por ello los actores locales junto con el Estado-Nación deben trabajar juntos en pos de superar estas falencias, los primeros comprometiéndose a esforzarse por transitar su propio sendero del desarrollo y el segundo asumiendo un nuevo rol en tanto condicionante e impulsor del desarrollo local.
En el marco de este compromiso, de Franco plantea la necesidad de trabajar en torno a las siguientes acciones: capacitación para la gestión local, generación de una nueva institucionalidad participativa, un diagnóstico y una planificación participativas; conformación participativa de una agenda local de prioridades de desarrollo; celebración de un pacto de desarrollo en la localidad comprometiendo a cada uno de los actores relevantes; fortalecimiento de la sociedad civil; fomentación de las capacidades emprendedoras de los actores e instalación de sistemas de monitoreo y evaluación.Entonces, como se mencionara precedentemente, la viabilidad de un proceso de desarrollo endógeno exige, por sobre todas las cosas, voluntad política y participación de las organizaciones e instituciones representativas de los territorios porque todo Proyecto Político Local se fundamenta en la construcción de poder local. Y poder significa, cuanto menos, combinar liderazgo decisional por parte de los agentes territoriales más relevantes, consenso organizativo y voluntad de cooperación entre gobierno local, mercado local y sociedad civil local[12].
[1] Augusto de Franco, ¿Por qué precisamos de un desarrollo local integral y sostenible?, (2000).
[2] Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo y autodependencia, (1986).
[3] José Arocena, El desarrollo local: un desafío contemporáneo, (1995).
[4] Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo y autodependencia, (1986).
[5] Concepto utilizado por Oscar Madoery en un artículo publicado por la Revista Política y Gestión, volumen 2. Más adelante retomaremos esta idea a partir del análisis de las capacidades endógenas presentes en cada lugar, porque reconoce que el desarrollo se basa en capacidades más que en dotación de factores; entiende que el desarrollo depende cada vez más de aptitudes, valores y comportamientos.
[6] Oscar Madoery, El Proyecto Político Local como alternativa de Desarrollo, (2001).
[7] Sergio Boisier, Post-scriptum sobre desarrollo regional, (1998).
[8] José Arocena, El desarrollo local: un desafío contemporáneo, (1995).
[9] Francisco Alburquerque, La importancia del enfoque del desarrollo económico local, (2001).
[10] Augusto de Franco en ¿Por qué precisamos de un desarrollo local integral y sostenible?. Este autor afirma que será preciso invertir en “capital humano”, que refiere de forma directa al conocimiento y a las capacidades de generarlo que abarcan la educación, la salud, la nutrición, la cultura, etc., en “capital social” refiriéndose a los niveles de organización de una sociedad y al grado de desarrollo de valores tales como la confianza y la cooperación, y en “capital natural” que atañe al cuidado de las condiciones ambientales y físico territoriales heredadas.
[11] Oscar Madoery, Capacidades Territoriales para el Desarrollo, en Políticas Públicas y Desarrollo Local, (1997).
[12] Sergio Boisier, Conocimiento y Gestión Territorial en la globalización, (1998)
[3] José Arocena, El desarrollo local: un desafío contemporáneo, (1995).
[4] Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo y autodependencia, (1986).
[5] Concepto utilizado por Oscar Madoery en un artículo publicado por la Revista Política y Gestión, volumen 2. Más adelante retomaremos esta idea a partir del análisis de las capacidades endógenas presentes en cada lugar, porque reconoce que el desarrollo se basa en capacidades más que en dotación de factores; entiende que el desarrollo depende cada vez más de aptitudes, valores y comportamientos.
[6] Oscar Madoery, El Proyecto Político Local como alternativa de Desarrollo, (2001).
[7] Sergio Boisier, Post-scriptum sobre desarrollo regional, (1998).
[8] José Arocena, El desarrollo local: un desafío contemporáneo, (1995).
[9] Francisco Alburquerque, La importancia del enfoque del desarrollo económico local, (2001).
[10] Augusto de Franco en ¿Por qué precisamos de un desarrollo local integral y sostenible?. Este autor afirma que será preciso invertir en “capital humano”, que refiere de forma directa al conocimiento y a las capacidades de generarlo que abarcan la educación, la salud, la nutrición, la cultura, etc., en “capital social” refiriéndose a los niveles de organización de una sociedad y al grado de desarrollo de valores tales como la confianza y la cooperación, y en “capital natural” que atañe al cuidado de las condiciones ambientales y físico territoriales heredadas.
[11] Oscar Madoery, Capacidades Territoriales para el Desarrollo, en Políticas Públicas y Desarrollo Local, (1997).
[12] Sergio Boisier, Conocimiento y Gestión Territorial en la globalización, (1998)
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